05.09.2017
¿Cuáles son los principales derechos sociales? ¿Qué jerarquía tienen respecto a los derechos políticos? ¿Hasta qué punto los derechos sociales pueden llevarse a los tribunales si no hay una economía capaz de financiarlos? Con este tipo de preguntas comenzó el debate denominado “Derechos Sociales y Desarrollo”, organizado en el marco de la Cátedra Fundación Edmundo Eluchans Malherbe que se efectuó en el Salón de Honor de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Entre los expositores estuvo el exministro y expresidente del Banco Central de Chile, José de Gregorio; el académico de la Escuela de Derecho PUCV, Eduardo Aldunate y la historiadora y consejera del Instituto Libertad y Desarrollo, Lucía Santa Cruz. El panel fue moderado por el periodista y columnista de La Tercera, Héctor Soto.
Entre los asistentes, estuvo el presidente de la Fundación Edmundo Eluchans Malherbe, abogado Edmundo Eluchans Urenda; el rector de la PUCV, Claudio Elórtegui; el decano de la Facultad de Derecho, Alan Bronfman; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, María Teresa Blanco; entre otras autoridades, académicos y estudiantes.
UNA REVOLUCIÓN DE LAS IDEAS
La historiadora Lucía Santa Cruz se refirió a la evolución que ha tenido la discusión sobre los derechos sociales, debate que se remonta al periodo de los griegos en el contexto de las demandas que tienen los individuos y cómo se limita la libertad cuando se pertenece a una determinada comunidad.
La investigadora planteó la pregunta de si un derecho económico y social puede tratarse como una aspiración legítima o es comparable a un derecho fundamental. “En nuestro país hay una diferencia entre lo que denominamos derechos y el estado de bienestar. Durante el siglo XX se trabajó para garantizar la educación básica y media con la ley de estado docente, pero de una manera distinta a cómo hoy se concibe la gratuidad universal”, reflexionó.
La panelista recordó que el surgimiento de las ideas liberales se vinculó con el concepto de igualdad ante la ley que generó una verdadera revolución en el mundo de las ideas, lo que se relacionó también con la revolución industrial, la creación de la imprenta y otros avances en ciencia y tecnología.
“El concepto de igualdad ante la ley empieza a civilizar a la humanidad. Antiguamente, la prosperidad se vinculaba al lugar donde se nacía. Luego de la revolución industrial cambió la noción de la riqueza, dejó de ser un bien estático y se comenzó a vincular con el ingenio humano, cambiando además la noción de justicia (…) Lo que está en juego hoy son las distintas miradas respecto a lo que es justo y sobre cómo distribuir la recompensa del trabajo", añadió.
Por su parte, el académico de la Escuela de Derecho, Eduardo Aldunate, planteó la tesis de que en determinadas sociedades existe una relación directa entre la calidad del diálogo y las posibilidades de crecer en el ámbito político y económico. En esa línea, según el abogado, los derechos sociales complicarían la realización de un diálogo, pues éstos serían muy variados en sus orígenes, desde la necesidad de acceder a una vivienda, una educación de calidad o una pensión digna, entre otros.
“Los derechos sociales aluden al hecho de que algunos ámbitos no deberían abordarse desde el mercado. El derecho social en ocasiones tiene una pretensión de universalidad (…) Como conclusión, si queremos avanzar en el área de los derechos sociales se debe terminar con esta terminología rígida, ver qué es lo correcto y decente para aportar a la discusión”, complementó.
Finalmente, el exministro José de Gregorio, fue enfático en vincular a los derechos sociales con la economía. Al respecto, el Dr. en Economía del MIT recordó que la extensión de las garantías de derechos sociales depende de la riqueza de cada país y de su ordenado gasto fiscal.
“El estado de bienestar que existe en Europa y sus derechos sociales se han plasmado en la política pública, pero se ha establecido un sistema rígido que se refleja en un alto desempleo (…) Al respecto, la gratuidad en varios derechos no va a llegar a todos en Chile aunque seamos más ricos. Por ejemplo, un derecho fundamental como acceder al agua potable no será gratis. Los precios asignan de mejor forma la disponibilidad de los recursos”, reflexionó.
Finalmente, De Gregorio planteó su preocupación con esta tendencia que existe de muchos políticos chilenos de imponer políticas públicas modificando la Constitución de la República, la que debe ofrecer derechos básicos de carácter más general.
Por Juan Paulo Roldán
Dirección General de Vinculación con el Medio
Fotos: Ángela Tobón Coral
