Derecho PUCV participa en inauguración de la Reunión Preparatoria de la II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible de la Corte Suprema

25.07.2025

Este jueves 24 de julio, en el Salón de Honor de la Corte Suprema de Chile, se realizó la ceremonia inaugural de la Reunión Preparatoria de la II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, instancia que convoca a representantes nacionales e internacionales comprometidos con la promoción de una comunicación más clara, inclusiva y accesible desde las instituciones públicas.

La ceremonia, organizada por la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial de Chile y la Real Academia Española, comenzó con las palabras de bienvenida de la presidenta (s) de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz, quien destacó el rol del Poder Judicial de Chile en la constitución y consolidación de la Red Panhispánica, así como el valor del lenguaje claro como principio de acceso a la justicia y fortalecimiento democrático.

“Veo en esto una nueva conquista en el camino hacia el cambio de paradigma que constituye el lenguaje claro y sencillo como forma de interacción entre el Estado y las personas. Un Estado que no es capaz de darse a entender al pueblo soberano es uno inaccesible y en deuda con los suyos. Y cuando lo que el Estado no logra comunicar son las decisiones de sus tribunales de justicia, o sea, de los principales encargados de decir qué es lo que ha querido el derecho para este caso concreto, el problema es algo más grande, porque lo que acá está en juego es la eficacia de la jurisdicción”, señaló la ministra Chevesich.

A continuación, el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, dictó una cátedra sobre el derecho a comprender, donde reflexionó sobre los desafíos lingüísticos, jurídicos y sociales que implica avanzar hacia una comunicación comprensible en el mundo hispanohablante.

Afirmó que la propuesta de la Red Panhispánica tiene dos componentes esenciales: “la obligación de los poderes públicos de manifestarse de modo claro y comprensible, accesible para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho, y, por otra parte, el derecho de los ciudadanos a exigirlo”.

Respecto al derecho a comprender, destacó que “es un derecho vinculado a la democracia, que es de lo que viven nuestras sociedades: de poder ejercer en común la toma de decisiones de convivencia. La democracia necesita transparencia, que los ciudadanos entiendan las decisiones de los poderes públicos para poderlas acatar o combatir, ejerciendo sus derechos cuando no las convengan o cuando infrinjan la legalidad”.

Durante la ceremonia también se realizó la presentación oficial del Boletín de Lenguaje Claro, a cargo de la ministra de la Corte Suprema Mireya López, quien encabeza la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. La publicación recoge experiencias, buenas prácticas y reflexiones desarrolladas por instituciones chilenas comprometidas con esta agenda.

“Aspira a ser un proyecto a nivel país, por lo tanto, nos hemos enfocado en tener representantes en todo Chile. Además, hemos enfatizado que sea transversal: incluye a todos los miembros del Poder Judicial. Una muestra de este trabajo es el boletín que estamos presentando; es una labor conjunta y, por lo tanto, inclusiva”, afirmó la ministra Mireya López.

La jornada de trabajo continuará con sesiones cerradas en las que se revisarán los estatutos de la Red Panhispánica y se debatirán los ejes temáticos que darán forma a la II Convención, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre países, compartir avances en políticas públicas y consolidar este espacio como un referente regional en la materia.

Este encuentro tiene como propósito reforzar los lazos de cooperación entre instituciones de distintos países y consolidar el compromiso compartido con la utilización de un lenguaje claro y accesible en todos los ámbitos de la comunicación pública.

Una de las particularidades de esta reunión es la participación virtual de 29 instituciones de Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay, cuya presencia contribuirá a enriquecer el debate y garantizar una representación amplia, plural y regional en la definición de los contenidos de la próxima Convención.

Participaron presencialmente miembros de la Red de Lenguaje Claro Chile, integrada, entre otros, por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Servicio Nacional de Aduanas, la Cámara de Diputadas y Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, representada por la decana de la Facultad de Derecho, María Graciela Brantt, y la directora del Núcleo de Lenguaje Claro y Derecho, profesora Claudia Poblete, así como miembros adheridos como el Banco Central y el Tribunal Constitucional.

También asistieron representantes de la Academia Chilena de la Lengua, la Academia Argentina de Letras, la Academia Norteamericana de la Lengua Española,la Academia Mexicana de la Lengua y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Cabe recordar que fue precisamente en la Corte Suprema de Chile donde, en 2022, se constituyó oficialmente la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, en el marco de una ceremonia institucional que marcó un hito en la consolidación del movimiento por el lenguaje claro en Iberoamérica.

Desde su origen, esta Red ha buscado promover el uso del lenguaje claro y accesible como un pilar de los valores democráticos y la ciudadanía activa, así como fomentar el compromiso de las autoridades e instituciones públicas para asegurar que la comunicación oficial sea comprensible para todas las personas, sin distinción de origen, formación o condición.

A tres años de su conformación, la Red - cuya secretaría permanente la ostenta la RAE- se ha consolidado como una iniciativa de alcance internacional, que hoy reúne a más de quinientas personas e instituciones del ámbito público y privado, provenientes de diversos países de América, además de España, Filipinas y Guinea Ecuatorial. A todas ellas las une el objetivo común de garantizar el acceso igualitario a la información pública mediante un lenguaje claro, inclusivo y accesible.

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