Derecho PUCV alberga primera sesión de seminario sobre discapacidad intelectual y salud mental

Su panel inaugural, “Discapacidad, acceso a la justicia y mediación”, es el primero de tres que se realizarán en las siguientes semanas.

31.07.2018

La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en compañía de autoridades regionales, alumnos e invitados relacionados al área de la educación primaria, secundaria, superior y diferencial, inauguró su primer Seminario sobre discapacidad y salud mental, titulado “Discapacidad intelectual y salud mental: acceso a la justicia y a la educación en el siglo XXI”.

La actividad contó con el financiamiento del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS y el patrocinio del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva PUCV y el Programa PUCV Inclusiva de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. También contó con el apoyo de intérpretes de lengua de señas, para aquellos asistentes con discapacidades auditivas.

La primera de sus tres sesiones, que se harán las siguientes semanas, inició con el panel “Discapacidad, acceso a la justicia y mediación”, la que tuvo por objetivo examinar cuáles son los procedimientos más adecuados para promover y facilitar el acceso a la justicia de los discapacitados, y deliberar sobre la forma de subsanar obstáculos que ralentizan el acceso a la educación superior de personas discapacitadas, o con problemas de salud mental.

El director de la Escuela de Derecho, Manuel Núñez, se refirió a esta instancia expresando su máximo orgullo. “Es una muy buena y sana manera de terminar un día viernes, sobre todo con la compañía de tantas personas que habitualmente están alejadas del mundo de la universidad, como son normalmente las personas que presentan algún grado de discapacidad”.

 

DISCAPACIDAD Y DIFERENCIAS: PARTE DE LA CONDICIÓN HUMANA

El primer panel de este seminario consistió en explicar a los presentes el contexto de las personas discapacitadas, las diferencias entre el modelo de integración y el modelo de inclusión y la urgencia de hacer sujetos de derecho a las personas discapacitadas intelectualmente.

Iván González, asesor parlamentario que se encargó de hacer la charla introductoria del seminario, expresó que parte de esta falta se debe al recurrente contexto de exclusión en el cual se desenvuelven las personas discapacitadas, en donde se enfrentan al desafío de hacer a una persona sujeto de derecho, en lugar de objeto de derecho, para evitar el círculo de exclusión constante

Según González, todo se enfoca en las formas de inclusión aplicadas a la población discapacitada, pero el modelo de integración no considera las diferencias entre este grupo de la sociedad y el resto, por lo cual caen en el error de integrar sin incluir a profundidad. Por ello “el modelo de inclusión toma parte de esta integración forzosa, pero haciendo énfasis en la necesidad sobre igualdad de condiciones y oportunidades en el aprendizaje y la justicia”. Agregó que “está mal ver la discapacidad como algo anexo a nosotros. Es parte de la condición humana, no algo lejano”.

Por su parte, Marcela Le Roy, directora del Diplomado de Gestión de Conflictos y Negociación de la Escuela de Derecho, se refirió a lo poco efectiva que resulta la ley 20.422, al menos en materia de justicia para aquellas personas con cierto grado de discapacidad. Esta ley exige igualdad de oportunidades y la no discriminación para personas con discapacidad, pero no se preocupa de borrar las barreras que impone el mismo entorno, o garantizar el acceso total a la participación, dando facilidades para inclusión social. Un ejemplo de esto siendo la falta de intérpretes de lenguaje de señas, o alternativas para personas ciegas, entre otros.

“Para comenzar un camino hacia la igualdad se necesitan renovar una serie de términos médicos. También la redacción de la ley 20.422 y el considerar las diferencias”, enfatizó la académica. “Una forma, distinta a la tradicional de los tribunales de justicia, tiene relación con la eliminación de las barreras de exclusión judicial”.

La raíz de esta problemática radica en que la Constitución chilena no está actuando del todo conforme a la Convención sobre los Derechos de la Discapacidad. Esta última sí contiene un apartado exclusivo (el artículo 13) dedicado a dejar por escrito, de forma explícita, la garantía de acceso a la justicia para personas discapacitadas.

“Todos somos diferente. Nos piden que opinemos lo mismo, que hagamos lo mismo, que presentemos lo mismo, sin considerar que somos diferentes” aseguró la docente, cuando explicó la necesidad de tener este concepto presente al asegurar la igualdad ante la ley de todos los chilenos, discapacitados o no. “Por eso, como primera idea, invito a tener presente la necesidad de buscar espacios, para la reflexión de las diferencias y así no tenerles temor”, finalizó.

 

Por Macarena Rojas Zavala

Dirección General de Vinculación con el Medio