Yanira Zúñiga es Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III, con estudios posdoctorales en el equipo de estudios de género SAGESSE, perteneciente a la Universidad Toulouse II. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad Austral de Chile, donde dicta cursos de pregrado y posgrado sobre derechos humanos y sobre género.

En el marco del VII Encuentro Nacional “Modelos de Investigación-Sanción y Prevención en Violencias de Género en Universidades del CRUCH”, Zúñiga lideró la charla magistral “Avances, problemas y desafíos en la aplicación de la ley 21.369”. En esta instancia, la secretaria ejecutiva de la Comisión CAHVDA y la Dirección de Equidad de Género PUCV presentaron su experiencia en la implementación de los Talleres Formativos en Género y Masculinidades; y en donde un grupo ampliado pudo discutir de manera profunda sobre estas materias. En ese contexto, Zúñiga se refirió a su exposición y a los principales desafíos que conlleva la aplicación de la ley que Regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el Ámbito de la Educación Superior.

1. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos actuales en la aplicación de la Ley 21.369 en términos generales?

“Los desafíos son varios y de distinta naturaleza. En primer lugar, la ley establece un sistema de obligaciones mínimas para las universidades en materia de prevención, investigación, sanción y reparación del acoso, la violencia y la discriminación. Por ello, uno de los principales desafíos es homogeneizar las prácticas dentro del sistema de educación superior, de modo que existan estándares similares de protección, independientemente de si las instituciones son estatales o privadas. Para ello, es fundamental mantener acciones colectivas y el intercambio de experiencias entre instituciones, con el fin de avanzar hacia una protección más igualitaria de los derechos en todas las comunidades universitarias.

En segundo lugar, es necesario traducir la obligación de prevención en acciones concretas que logren generar transformaciones culturales. Esto resulta complejo, especialmente en un contexto social donde se observan resistencias o retrocesos en estas materias. La eficacia de las disposiciones protectoras depende en gran medida de la adhesión espontánea de las personas que integran las comunidades universitarias, más que de las sanciones, que sólo abordan una parte de los casos. Por eso, las acciones preventivas —aunque más difíciles de sostener y de largo plazo— son las más sostenibles en el tiempo.

Finalmente, los dispositivos institucionales suelen estar sobrecargados, lo que representa un tercer desafío: racionalizar las investigaciones y garantizar la celeridad en los procesos. Si toda la atención se concentra en resolver los conflictos en lugar de prevenirlos, será difícil gestionar adecuadamente la aplicación de esta y otras leyes, como la Ley Karin, que también demandan capacidad administrativa y respuesta jurídica oportuna”.

2. ¿Qué implica esto, a tu juicio, para las Casas de Estudio?

“Existen desafíos vinculados a la institucionalización y coordinación interna. Muchas universidades han creado Direcciones o Programas de Género, pero aún es necesario integrarlos bajo una misma lógica, articulando sus acciones y garantizando sinergias.

También es importante transmitir la experiencia acumulada a quienes se incorporan a estos equipos, fortaleciendo los dispositivos existentes y asegurando su sostenibilidad. La institucionalización, respaldada por la ley, es una buena noticia, pero exige acciones constantes para mejorar su eficacia.

Un desafío adicional es difundir, con fines pedagógicos, los aprendizajes derivados de los casos tratados, respetando la confidencialidad. Aunque las reglas no impiden compartir información en todos los casos, se requieren mecanismos más creativos y sofisticados para comunicar a la comunidad universitaria los tipos de conductas que generan conflictividad. Esa transmisión de experiencias, indispensable para prevenir y no repetir los conflictos, es aún un terreno por desarrollar y representa una oportunidad relevante”.

3. ¿Por qué es relevante discutir de esta temática, o mantenernos informados permanentemente?

“Reflexionar colectivamente es fundamental para encontrar soluciones adecuadas. Confrontar nuestras prácticas con las de otras instituciones nos permite identificar límites y descubrir alternativas que no habíamos considerado.

Además, muchos de estos problemas son estructurales, aunque a veces los percibimos como situaciones puntuales o atribuibles a una organización específica. Solo mediante la reflexión conjunta podemos distinguir entre lo estructural y lo particular, afinando nuestros diagnósticos y mejorando la respuesta institucional”.