Profesor Raúl Núñez es nombrado miembro de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal
El académico de Derecho PUCV es el único proveniente de una universidad regional.
05.06.2018
Con el objetivo de contar con un informe de expertos que pueda convertirse en un proyecto de ley, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha convocado una Comisión de Reforma del Código Procesal Penal. La instancia –compuesta por 11 destacados juristas- cuenta con la participación del académico del Departamento de Derecho Procesal, Raúl Núñez, quien además es el único académico de una Universidad regional.
El profesor Raúl Núñez Ojeda es abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valparaíso (Chile) y Doctor en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España). Ex becario del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España). Ex profesor Asociado de Derecho Procesal en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España). Profesor visitante en la Facultad de Derecho de la Università Roma tre (Italia). Ha realizado estancias de investigación en Universidades de Alemania (Humboldt de Berlín y Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt), España (Autónoma de Madrid y Pompeu Fabra de Barcelona) e Italia (Universidad de Milán).
Desde el año 2011 es asesor permanente de la Fiscalía Nacional Económica en estrategias procesales para la persecución de los ilícitos anticompetitivos. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal (IAPL). Finalmente, desde el 2015 se desempeña como Abogado integrante de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El Dr. Núñez Ojeda es profesor de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Comisión de Reforma al Código Procesal Penal
De acuerdo a lo señalado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, en la comisión se analizarán temas como el uso de las suspensiones o acuerdos a los que llega el Ministerio Público con los imputados para evitar llegar a un juicio oral; la gran cantidad de archivos profesionales; el desequilibrio en los roles de los jueces de garantía y orales, en cuanto a la carga de trabajo; el uso de la prisión preventiva; el respeto de la presunción de inocencia. Además se evaluará el uso del brazalete electrónico y la creación de un mecanismo de control sobre las formalizaciones, ya sea una instancia de revisión o recurso, entre otras materias afines.
Para lo anterior, se analizarán informes con diagnósticos previos como el del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, y se espera que la comisión emita un informe durante el mes de septiembre de este año, sobre el cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaborará un proyecto para tramitar ante el Congreso, previa socialización con los organismos involucrados.