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Profesor Manuel Núñez Poblete, expone en representación de la PUCV ante el Tribunal Constitucional

El jueves 17 de agosto el profesor Manuel Núñez Poblete expuso en audiencia pública ante el Tribunal Constitucional, en representación de la PUCV, por el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

El profesor Núñez se refirió fundamentalmente al art 119 ter del Código Sanitario en el diseño del proyecto de ley que ha sido impugnado y que contempla una restricción a la libertad de conciencia. Señaló, que los presupuestos expresados deben ser entendidos tanto en el caso que las tres causales sean o no conformes a la Constitución.
El punto de partida del análisis se refiere a que el proyecto de ley señala que la objeción de conciencia, que este contempla, es de carácter personal y en ningún caso puede ser invocado por una institución. Al examinar la norma del art 119 ter se pueden proponer cuatro conclusiones: en primer lugar la norma legal propuesta atribuye como consecuencia a la objeción de conciencia, la posibilidad de restarse a la obligación legal de practicar un aborto en los casos establecidos por la ley; segundo, el artículo 119 ter excluye a las personas jurídicas, llamadas instituciones; tercero, esta exclusión se explica por la supuesta existencia de una conciencia individual y la libertad de trabajo del personal médico y en cuarto lugar, no distingue entre ningún tipo de personas jurídicas.
Siguiendo la reflexión el profesor Núñez expuso: "Esta regulación afecta a los siguientes Derechos constitucionales: La autonomía de los grupos intermedios y la libertada de asociación; la igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación y el derecho a las instituciones educacionales con ideario y a las personas jurídicas de carácter religioso para llevar adelante su ministerio a través de actividades sanitarias o humanitarias, consecuencia de la libertad religiosa y de enseñanza".
Finalmente, el Director de la Escuela de Derecho concluye, que la exclusión de las personas jurídicas vulnera la autonomía de los cuerpos intermedios, los fines y objetivos que deseen alcanzar. Por ende, no parece compatible entender que las instituciones serían simplemente ficciones. Además, vulnera el Derecho a la no discriminación y la igualdad ante la ley porque pone en la misma posición a aquellas personas jurídicas sin ideario que aquella que lo tienen, siendo que a estas últimas el ideario es lo que le otorga su identidad y esencia. En segundo lugar la norma es discriminatoria en el deber estatal de protección a las minorías, y si bien el estado no puede imponer concepciones universales de religión, no puede impedir que las organizaciones y las personas tengan una visión compartida de lo que es sagrado. Finalmente la norma tendría un error al proponer una definición de conciencia lo que conllevaría a entenderla como una ley interpretativa de la Constitución.

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