Profesor Eduardo Cordero participa en Congreso Internacional de la Abogacía Pública en Argentina
El tema central de la presente versión fue la “Dignidad de la persona y derechos humanos: Proyecciones sobre el derecho administrativo y la abogacía estatal”.
07.09.2017
Invitado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, el Profesor Eduardo Cordero participó en calidad de conferencista en el V Congreso Internacional de Abogacía Pública: la dignidad de la persona y derechos humanos, Proyecciones sobre la Abogacía pública, realizada en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 7, 8 y 9 de septiembre.
La actividad contó con una amplia convocatoria de más de 800 abogados de los diversos servicios y entidades públicas argentinas, además de la participación de destacados académicos, como Luciano Parejo Alfonso, Catedrática de la U. Carlos III de Madrid, y Juan Carlos Cassagne, de la U. Católica de Argentina.
En la ocasión el profesor Cordero expuso sobre "La representación y defensa del Estado en juicio: parámetros que imperan el deber de respecto y promoción de los derechos de las personas", dando cuenta del estándar que se debe exigir a la defensa estatal y como inciden los principios de probidad administrativa, así como los deberes de promoción y respeto de los derechos de las personas.
En este contexto, sostuvo que la defensa estatal está sujeta a los deberes de todo órgano del Estado, en orden a estar al servicio de la persona humana, así como el necesario resguardo de la transparencia en su actuación: "si bien no es posible exigir que la defensa estatal sea imparcial, si se puede demandar de ella objetividad en sus actuaciones".
Esta cita -ya obligada de la abogacía pública nacional argentina e internacional- concitó la presencia de los juristas más prestigiosos del país y del exterior. Los principales temas de actualidad que propone el derecho administrativo y la defensa del interés público, fueron examinados desde su anclaje en la dignidad de la persona humana y en los derechos humanos; imperativos en el Estado Constitucional Social de Derecho, de acuerdo con la evolución de la conciencia jurídica.