12.09.2016
La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno y al sector privado de México a evitar que se violenten los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales.
Este exhorto fue hecho por el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU tras concluir en septiembre una visita oficial de diez días a México, cuya misión fue examinar los esfuerzos para prevenir y abordar los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos.
“En un país multicultural como México, este diálogo debe incluir, en particular, a los pueblos indígenas”, dijo Pavel Sulyandziga, quien actualmente preside el Grupo de Trabajo. “Estas consultas deberían producirse desde las primeras fases de cualquier proyecto de desarrollo y deben ser previas, libres e informadas, y cumplir con los estándares internacionales”, mencionó, enfatizando que el principio de debida diligencia constituye el núcleo de los Principios Rectores de empresas y derechos humanos.
“Evitar daños o impactos negativos a las personas, especialmente a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, no debería considerarse una carga sino una oportunidad para fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible. No se trata de ser generosos, sino de respetar derechos”, dijo Dante Pesce, director ejecutivo del Centro Vincular de la de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien ocupa el cargo de vicepresidente.
Los expertos también subrayaron que periodistas y defensores de derechos humanos deben ser mejor protegidos. “Frente a ataques e intimidación contra personas que defienden sus derechos o los derechos de los demás, funcionarios de alto nivel del gobierno y las y los CEO tienen que dejar claro que los ataques contra defensores de derechos humanos no son aceptables y no serán tolerados”, añadió Sulyandziga.
Los expertos también señalaron que el proceso en curso para desarrollar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos ofrece una oportunidad para traducir los compromisos políticos en acciones, permitiendo al Gobierno ejercer liderazgo.
“Nos alienta el compromiso del Gobierno para mover la agenda de empresas y derechos humanos hacia adelante”, complementó Pesce, quien agregó que “se requerirán mayores esfuerzos para cambiar prácticas y mentalidades, y afianzar de manera más profunda una cultura de transparencia, integridad y valores democráticos. El Gobierno debe dar ejemplo.”
El Grupo de Trabajo tuvo conversaciones sustantivas con más de 100 representantes de las autoridades de Gobierno, visitó cuatro estados y escuchó testimonios de unos 200 representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas, pueblos indígenas, así como representantes de empresas, tanto privadas como estatales.
El informe final, que incluirá conclusiones y recomendaciones, se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2017.
(*) Lea la declaración completa de Grupo de Trabajo: http://bit.ly/2c5epuR
Por Karina Toledo
Centro Vincular
