Convención de Derechos de la Niñez en Chile: tres décadas de un compromiso por cumplir

Expertos de tres unidades académicas, abordaron los avances y retrocesos de esta materia en el país y advirtieron sobre la necesidad de contar con una ley integral que proteja a los niños y niñas como sujetos de derecho.

17.02.2021

A mediados de agosto de 2020, se cumplieron 30 años desde que Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño (CDN), documento adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, donde a través de 54 artículos se reconocen los derechos de los (as) menores de 18 años. El documento fue ampliamente firmado por varios países en el mundo, pero ¿qué ha pasado en Chile desde su ratificación? ¿Es posible reconocer que los niños y niñas son respetados como sujetos de derecho? ¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta nuestro país en materia de protección de los niños y niñas?

Al respecto, un grupo de académicos y académicas de la Escuela de Trabajo Social conformaron recientemente el Grupo Interdisciplinario de Derechos de la Niñez, donde han efectuado una serie de estudios y talleres con niños de diversos barrios de la ciudad puerto y también en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Allí se han percatado de los múltiples desafíos que enfrentan para ser sujetos de derecho. El grupo es encabezado por las académicas Yesika Herrera y Claudia Espinoza junto con el profesor Edgardo Toro.

Sobre los principales desafíos que enfrentan los niños y niñas en Chile, el grupo planteó que el comité de derechos de la niñez de Naciones Unidas, emitió un juicio categórico sobre nuestro país: las grandes vulneraciones se producen por cuatro causas estructurales que han favorecido las graves y sistemáticas situaciones ocurridas: la visión tutelar de la infancia; una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; la excesiva judicialización; y la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros en el sistema de protección de la niñez.

“Respecto a los compromisos con los principios de la CDN, podemos decir que lo primero que se debe hacer es darle un estatus o reconocimiento constitucional a la niñez como sujeto de derecho, lo cual implica el compromiso efectivo del Estado. Sobre el principio de no discriminación, implica sostener un sistema de protección que no tenga el efecto perverso de la gran fragmentación y segmentación social que se da en aspectos tan esenciales, como es la educación, salud y acceso a espacios públicos o la cultura. Todos esos ámbitos, que son derechos fundamentales, están asociados directamente a la posibilidad de las familias de proveer esas condiciones, las que están alejadas de ser un bien social fundamental, como ocurre en países desarrollados o donde la niñez tiene mejores condiciones de vida”, advierten.

PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO SOBRE INFANCIA Y DISCAPACIDAD

Entre los desafíos más grandes proponen sostener lógicas del cuidado desde perspectivas de derechos sociales y políticos, con un enfoque integral y no fragmentado, que implique avanzar hacia la disminución de las desigualdades. 

En la Facultad de Derecho de la PUCV, existe también el Programa Interdisciplinario sobre Infancia y Discapacidad, el que es liderado por las académicas Alejandra Illanes y Andrea Montecinos. A través del estudio de las materias relacionadas con la protección de la familia, la infancia y de las personas en situación de discapacidad, han buscado desde la Universidad incidir en las políticas públicas sobre la materia.

La profesora Illanes plantea que el mayor reto que enfrenta Chile en esta materia, a tres décadas de la ratificación de la CDN, es avanzar decididamente en orden a dar efectividad a los derechos consagrados en ella, lo que implica trabajar por obtener condiciones que permitan la protección de los derechos de todos los niños.

“Es necesario instalar una práctica bien tratante hacia los niños, que evite que ellos sean vulnerados en sus derechos; lo cual supone, como algo prioritario, dar el apoyo a las familias para cumplir el rol de cuidado y protección que les compete. En este sentido, los estudios dan cuenta de que si bien la familia -y más concretamente los padres- son los primeros llamados a cuidar de sus hijos, las mayores vulneraciones se producen precisamente en el ámbito intrafamiliar. Por otra parte, debemos contar con un sistema capaz de reaccionar en hipótesis de vulneración, dar una tutela judicial efectiva a los niños transgredidos en sus derechos, lo que implica asumirlo como una obligación estatal concreta y no como una mera declaración de intención, el poner a disposición de la infancia una defensa técnica de calidad”, indicó.

En esta misma línea, el jefe de la carrera de Educación Parvularia de la Escuela de Pedagogía PUCV, Leonardo Comas, agrega que la ratificación de la CDN en Chile ha tenido una baja aplicabilidad desde el ámbito de las políticas públicas. Las organizaciones que están a favor de la infancia sólo han hecho promoción y difusión de una política, pero son contadas las decisiones más profundas del Estado para garantizar precisamente los derechos de los niños.

“El desafío más grande es que Chile con todas sus organizaciones y la ciudadanía cambie el concepto y la concepción de protección de la niñez. Deberíamos tener un Estado garante de derechos. Los que trabajan con la infancia: profesores, asistentes sociales y abogados entendemos el concepto, pero esto no ha permeado a la ciudadanía. Sólo se habla de derechos de la niñez cuando hay un caso bullado a nivel nacional, por un escándalo en el SENAME o cuando un niño del barrio alto es transgredido. En Chile se vulneran derechos hace 30 años en todos los estratos sociales. Efectivamente, no se ha permeado en un cambio de concepción que sea profundo e impacte en la toma de decisiones”, advierte.

Finalmente, el profesor Comas se mostró escéptico respecto a los últimos cambios propuestos por el Gobierno, considerando que la protección de los derechos de la niñez requiere un cambio de fondo, más que de forma.  “Lo primero que debió haberse realizado es discutir la ley de derechos y garantías de la niñez y desde allí establecer un marco regulatorio legal para lo demás. Hacer una política de derechos de la niñez es muy caro. Requiere una inversión y debiera ser una decisión política, acompañada de recursos”, concluye.

Por Juan Paulo Roldán

Dirección General de Vinculación con el Medio